La lista de espera para recibir las prestaciones supera en España las 250.000 personas, de ellas más de 6.900 en Castilla y León, según los datos del informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con los últimos datos oficiales aportados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) por las Comunidades Autónomas.
El informe expone "los plazos excesivos de espera" que se están acumulando en muchas comunidades autónomas y advierte de que la tardanza de las administraciones en resolver los expedientes podría "colapsar el sistema".
Más de medio millón de personas reciben prestaciones o servicios (553.716 personas), un promedio de 33.000 personas se incorporan cada mes desde 2007 al Sistema de la Dependencia, mientras que 252.000 se encuentran en el "limbo de la dependencia", integrado por personas con derecho a atención pero sin el Plan Individualizado de Atención (PIA) preciso para recibir la prestación, con un tiempo medio de espera de más de 12 meses.
Canarias y Comunidad Valenciana son las regiones que acumulan mayor desatención, con más del 50% y un 60%, respectivamente, respecto a personas que, teniendo grado y nivel suficientes para ostentar el derecho a ser atendidos, siguen a la espera del PIA.
Por contra, Ceuta y Melilla, Castilla y León, Cantabria, Navarra y el País Vasco, por ese orden, se sitúan por debajo de los veinte puntos de desatención.
Además, el informe destaca que existe un continuo de unas 120.000 personas pendientes de valoración de grado y nivel, y calcula que con una media de 13,5 meses de espera "estaríamos hablando de una deuda acumulada cercana a los 800 millones de euros en concepto de atrasos por retroactividad".
Respecto a la eliminación de la retroactividad para los nuevos expedientes si son resueltos en seis meses, el estudio señala que se producirá uno ahorro estimado de unos 350 millones de euros.